Para el día 27 de marzo, tuvimos que leer el texto "Adolescentes
y jóvenes: desde las conductas de riesgo a la inclusión social" que se encuentra en el programa "Zerbitzuan". Vamos a relatar en resumen el contenido del texto.
Introducción
Los
problemas de los adolescentes y jóvenes nunca están
al margen de la sociedad en la que viven. Sus conductas son un
reflejo de la sociedad en la que viven.
Efectos de la crisis en la población más joven
Según el estudio de Clua-Losada et al. (2011) sobre la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social en España, aquellos sectores que estaban en riesgo siguen estándolo, mientras que algunos colectivos han empeorado. Unicef (2012) completa esta información cuando destaca que, en España, casi 2,2 millones de niños viven en pobreza relativa. Los niños se han convertido en el colectivo más afectado por la crisis económica. La pobreza infantil, estabilizada durante años en torno al 24% de la población menor de edad, ha superado el 26%. Casi 205.000 niños más viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un 53% en tres años. Se olvida que la población más joven, con la educación inclusiva, tiene pleno derecho, no sólo a estar presente en las escuelas y en otros servicios educativos, sino a recibir en el entorno ordinario la atención educativa que necesitan. Aunque, la mayoría de los jóvenes están sanos, como señala la OMS (2010), cada año se registran más de 2,6 millones de defunciones en la población de 15 a 24 años.
Un número considerable de jóvenes sufren enfermedades que reducen su capacidad para crecer y desarrollarse plenamente. Y un número aún mayor adoptan comportamientos que ponen en peligro su salud presente y futura. Los principales problemas de salud son el consumo de tabaco, la falta de actividad física, la obesidad, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia.
Las conductas de riesgo en la juventud
Son
menores
en
grave riesgo de desprotección o en desamparo; población
adolescente que comete algún delito y es objeto de medidas
judiciales; alumnado con necesidades educativas especiales o
específicas; salud mental infanto-juvenil; convivencia en el
ámbito escolar; problemática de los y las adolescentes gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales.
Los hijos de familias inmigrantes, por su parte, tienen
dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, van a la
escuela sin desayunar, se duchan con poca frecuencia porque no tienen
agua en casa o no pueden pagar medicinas, entre otras (Quiroga y
Alonso, 2011).
El fracaso escolar como detonante
Los adolescentes en conflicto con la ley son adolescentes con una experiencia educativa en términos de fracaso escolar, con expulsiones y ausencias del sistema educativo. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) precisa que en 2010 había unos 15 millones de jóvenes parados en sus países miembros, cuatro millones más que en 2007, así como que sólo la mitad de quienes habían dejado la escuela tenían un empleo, lo que les hace más dependientes de las ayudas sociales y sanitarias públicas. El fracaso y el abandono escolar no son fruto de una decisión puntual, sino consecuencia de un proceso de progresiva desvinculación de la escuela que tiene su origen mucho tiempo antes de que el problema se manifieste. El abandono, pues, aparece como resultado final de un progresivo proceso de desvinculación de la escuela.
Esta desvinculación comienza mucho antes del momento de abandono y se manifiesta precisamente en forma de problemas disciplinarios, absentismo o bajas calificaciones, por lo que se refiere a la escuela, mientras que fuera del ámbito escolar aparecen diferentes conductas de riesgo como el consumo de drogas, conductas violentas, entre otras. Es lo que también pide la Unesco (2012) cuando pone de manifiesto la “apremiante” necesidad de invertir en educación para que los jóvenes adquieran competencias. En España uno de cada tres alumnos abandona los estudios de Secundaria.
Por esto, pide la atención a la adecuación de la enseñanza secundaria al mundo del trabajo, al mismo tiempo que advierte que, con la crisis económica, las posibilidades de empleo de los jóvenes han disminuido, siendo particularmente afectados aquellos con niveles de educación inferiores. También alerta de que tras estas cifras de paro juvenil se oculta el hecho de que los jóvenes dejan de buscar trabajo porque “creen no poder encontrarlo”, es decir, existe un colectivo que “ni estudia, ni trabaja, ni busca activamente trabajo”.
Recomendaciones no faltan
Se necesita priorizar la atención temprana en áreas de la salud y la educación infantil; mejorar la disponibilidad de servicios de atención a la infancia de calidad; promover la participación de los progenitores en el mercado laboral y, por último, garantizar las ayudas destinadas a las familias con niños. Según expone el informe, hay dos grandes necesidades de mejora: por un lado, la coordinación entre todas las instancias que trabajan en el campo del consumo de drogas y la adolescencia; y por otro, el impulso a la prevención selectiva, dirigida específicamente a determinados sectores de la población adolescente.
Y las actuaciones deben tomarse en una doble dirección: identificar los factores de riesgo para el inicio del consumo, y también detectar y neutralizar los factores que favorecen el mantenimiento del hábito, diseñando intervenciones dirigidas a reducirlos. El informe señala los diversos contextos en los cuales debe actuar la prevención selectiva: el educativo, el familiar y el comunitario. Clua-Losada et al. (2011), por su parte, consideran como los principales retos en la lucha contra la pobreza o exclusión social de la infancia la formación, la prevención y la coordinación de los servicios que atienden a estos colectivos.
¿Qué puede aportar el sistema educativo ante esta complicada y exigente situación?
Los retos de la educación para el siglo XXI son enormes, sobre todo para unos sistemas educativos a los que se va exigir cada vez más esfuerzo para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Se trata de acoger la diversidad de todos los educandos. Ello exige la adaptación del currículum, medidas organizativas flexibles y recursos humanos y materiales para atender a los distintos ritmos, estilos de aprendizaje y a las distintas habilidades.
Con la mirada en el futuro
La Conferencia Internacional de Educación celebrada en Ginebra en 2008 bajo el lema ‘La educación inclusiva: el camino hacia el futuro’ (Unesco, 2008: 3): La educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños, tanto varones como niñas, a alumnos de minorías étnicas, a los educandos afectados por el VIH y el sida y a los discapacitados y con dificultades de aprendizaje.
El proceso educativo se lleva a cabo en muchos contextos, tanto formales como no formales, en las familias y en la comunidad en su conjunto. Por consiguiente, la educación inclusiva no es una cuestión marginal, sino que es crucial para lograr una educación de calidad para todos los educandos y para el desarrollo de sociedades más inclusivas. Para afrontar de forma eficaz una crisis como la actual, es imprescindible apostar de forma sostenida por políticas a favor de la infancia que contemplen todos los aspectos esenciales de su desarrollo: salud física, psicológica y relacional, educación, ocio y tiempo libre, seguridad, familia y medio ambiente. En el caso de la población más joven, la no atención educativa de sus necesidades personales y sociales no deja de ser el robo de su infancia (Vega, 2011). La sociedad, pues, tiene ante los niños, adolescentes y jóvenes una urgente responsabilidad, que debe ser asumida por todas las instituciones, pero de forma especial por todas aquellas con responsabilidad educadora. Por ello, es necesario conocer con la mayor profundidad posible el sentido y el alcance de sus conductas de riesgo con todos sus condicionantes (empleo, vivienda), para poder desarrollar las respuestas educativas preventivas o terapéuticas que convengan en cada situación.
Las conductas de riesgo no dejan de ser una manifestación más de una problemática social de fondo en las que diferentes factores familiares, escolares y sociales condicionan la vida de la población joven en riesgo de exclusión social.
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